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El 85% de la Cámara de Diputados, es decir 424 de un total de 500 legisladores, notificaron a la mesa directiva de ese órgano su intención de reelegirse en los comicios federales de 2024.
De los 500 diputados que actualmente se encuentran en la Cámara, 139 son legisladores que ya tuvieron dos periodos, es decir fueron reelegidos; la mayoría de ellos iría por su segunda reelección; sin embargo, no sólo necesitan el aviso de intención como requisito, pues aún deben esperar ser nominados y registrados por sus partidos o coaliciones.
A unas horas de que la Cámara expidió disposiciones internas aplicables a diputadas y diputados federales que opten por la elección consecutiva en el proceso electoral 2023-2024, según las cuales deberán avisar formalmente la intención de reelegirse a más tardar un día antes del inicio de precampañas, los diputados se volcaron para formalizar su interés.
El plazo vencerá el último minuto del domingo 19 de noviembre próximo, por lo que aún podrían anotarse los 76 diputados que no lo han hecho.
Campañas con dieta y personal
De acuerdo a las reglas emitidas por la Cámara, los diputados que busquen repetir podrán optar por solicitar licencia o no, y también será voluntario renunciar a los apoyos económicos que reciben: dieta, recursos para apoyo legislativo, oficinas y personal de apoyo.
Para todo ello, deberán tramitar su solicitud de licencia y, en su caso, renunciar por escrito a los apoyos que le da la Cámara.
En 2021, un total de 87.8% registraron la intención para poder reelegirse y escasos diputados renunciaron a sus apoyos económicos y materiales.
En esa elección, y también en esta, las normas de comportamiento de los diputados que buscan quedarse en la curul han tenido que emitirse por el Instituto Nacional Electoral (INE) y por la misma Cámara de Diputados, pues el Congreso ha sido omiso en expedir una ley secundaria específica.
El marco legal permite la reelección pero no frena los desvíos
La elección consecutiva de legisladores se incluyó en la Constitución desde 2014 y se ordenó que aplicara a partir de 2018.
Pero no se han regulado en ley los controles para evitar el desvío de recursos públicos de que gozan diputados y senadores, pues pueden hacer campañas sin dejar de usar la infraestructura de oficinas, personal y recursos económicos de los que gozan.
El marco legal permite la reelección pero no frena los desvíos
La elección consecutiva de legisladores se incluyó en la Constitución desde 2014 y se ordenó que aplicara a partir de 2018.
Pero no se han regulado en ley los controles para evitar el desvío de recursos públicos de que gozan diputados y senadores, pues pueden hacer campañas sin dejar de usar la infraestructura de oficinas, personal y recursos económicos de los que gozan.
Se establece que tendrán prohibido faltar a sus funciones, incurrir en actos anticipados de precampaña y campaña y “no podrán participar en eventos de carácter proselitista en los días en que se encuentren obligados a desempeñar su cargo”.
Deberán, además, abstenerse de usar los recursos públicos, “tanto humanos como materiales y económicos inherentes a su función para un fin distinto al que están destinados, para influir en la voluntad del electorado o en actos de campaña o en cualquier otro de proselitismo político”.
Además, se les restringe y no podrán prometer o condicionar programas sociales, servicios u otro trámite ante instancias gubernamentales, ni podrán intervenir de modo alguno en facilitar u obstaculizar ningún tipo de trámite o en cualquier otro de proselitismo político.
Pese a estos controles el acuerdo camaral establece que la comprobación y fiscalización de los apoyos económicos que se otorguen a los diputados “se regulará a través de la normatividad interna de la Cámara de Diputados”.
Esto a pesar de que una parte de las comprobaciones, las relativas a apoyos legislativos, de acuerdo a las reglas de la Cámara no necesitan requisitos fiscales, contrario a las normas del INE que si los exigen para seguir la pista de los recursos.
Además el órgano electoral
Si requiere facturación y contratación con proveedores autorizados, lo que no será exigible a diputados.
Caso especial es el de las reglas para que los diputados puedan rendir sus informes de gestión legislativa.
El acuerdo establece que serán de conformidad a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es decir, los informes legislativos se rendirán ya pasada la elección y sólo en una ocasión, regla que busca impedir que se rindan constantes informes de gestión y durante semanas.
Los informes correspondientes al tercer año se rendirán concluido el Proceso Electoral Federal 2024.
De acuerdo a la ley esos informes legislativos sólo serán en el ámbito territorial responsabilidad del servidor público, es decir, sólo en su distrito o circunscripción.
No podrá exceder los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe (en septiembre, en que se cumple un año más en el cargo) y “en ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse”.
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